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ESTADO Y SEGURIDAD PRIVADA

Por: rodolfo241 | Publicado: 24/05/2016 19:07 |
SANTA FE-ARGENTINA (por Rodolfo O. Gianfelici, www.prensamare.com.ar) Cuando comenzaban a ser innecesarias las dictaduras militares, Washington ya había comenzado a implementar una política de retiro y de infección. Por un lado sabía que llegaba la etapa de las democracias (condicionadas y sin opositores), y que debían sacar del medio a los militares que les habían sido de tanta utilidad. Sin medias vueltas los consideraron preservativos y hasta los usaron para instalar la teoría de “los dos demonios”. Así, alentaron el juzgamiento... De la noche a la mañana se “descubrió” que los militares habían sido criminales, genocidas, violadores de los derechos humanos. Claro que fueron coherentes, pues a los ideólogos de los planes económicos (formados en universidades estadounidenses) se los preservó y protegió. Ninguno de ellos fue ‘entregado’... Mientras tanto, Washington infectó a las fuerzas policiales. Se les “enseñó” y “encaminó” en sus relaciones con la criminalidad: mega-robos, secuestros, narcotráfico, extorsiones, reducidores de autos... No solo que se les proveyó de una nueva modalidad y fuente de ingresos, sino que se los convirtió en la bomba de tiempo que dejaban instaladas dentro de las débiles democracias. Todo lo cual fue redundando en unas policías corruptas, asociadas al crimen organizado. Por ello es que comenzaron a surgir y desarrollarse de manera geométrica, las empresas privadas de seguridad. Nada era casual, sino causal. Porque el espacio que abandonaba el Estado (con policías corruptas) era ocupado por la seguridad privada, dando lugar al surgimiento de un gran negocio económico. Pero además de un gran negocio político. Porque se fueron creando una capa de “agentes privados”, que en verdad actúan como un ejército paralelo, incontrolable por el Estado. Y ello ocurre por dos motivos. El primero, porque al frente de cada empresa (como director) debe aparecer un exuniformado (en situación de retiro); una persona que por una cuestión generacional, forma parte de los que de una u otra manera se “formaron” según el nuevo concepto que Washington decidió para las policías. Con sus mismos vicios. Y segundo, porque al ser una fuerza ‘externa’ a la estatal, solo puede ser controlada (por el Estado) en forma administrativa. En otras palabras: se trata de pequeños ejércitos privados, con armamento propio, con movimiento propios, con comunicación propia, con inteligencia propia. Hoy por hoy, en pleno desarrollo de la primera década y media del siglo 21, la seguridad privada forma parte natural del paisaje urbano. Escuelas, bancos, oficinas, edificios, barrios, empresas, comedores, cuentan con personal privado de seguridad. Inclusive desde el propio Estado se los contrata (¡!). El ciudadano común desconoce cuáles son las atribuciones de esos uniformados. Ese propio desconocimiento les sirve a ellos para avanzar y ejercer como si fueran policías. Nadie está seguro de si están armados o no; si pueden chequear, detener, interrogar o impedir circulaciones. Y lo peor es que desde el propio Estado se actúa con total desinterés para aclarar estas dudas. Esta proliferación de agentes privados no es una exclusividad de tal o cual país con mayor o menor índice de criminalidad. No. Existe una generalización; una gran expansión a lo largo de todos los países americanos. Pareciera que se asiste a un organizadísimo plan de autodestrucción de la propia fuerza estatal, para que sea reemplazada –de hecho- por una fuerza no-estatal, o para-estatal. En otras palabras, lo que se trata de imponer en los hechos es que podrá poseer seguridad aquél que disponga de dinero para sustentarla (¡!). Podrá tener una cierta tranquilidad, aquél que pueda comprar protección. Un dato no menor y altamente peligroso, pues hasta el propio pudiente económicamente, terminará siendo rehén (más tarde o más temprano) de una fuerza privada que lo considera pura y exclusivamente como un generador de riqueza. Con el peligro que le conoce todos sus movimientos (y de seguro recursos)... Y en ese sentido, vale preguntarse: Si ya fueron infiltradas las policías, para transformarlas en socias del crimen, qué impide que a futuro, sean los mismos privados los que adopten (por una cuestión económica) la misma política delictiva...? Se estima que la provincia de Buenos Aires cuenta con un “ejército privado” (integrantes de las agencias privadas de seguridad) que ronda por los 80.000 hombres (¡!). Son datos contundentes, y donde –para peor-, los crecimientos de los índices de crímenes, abonan la idea que lleva a pensar que solamente con más seguridad (estatal y/o privada), la situación se controlará y solucionará. Los elevados índices de criminalidad en países centroamericanos, pero también en Brasil, Colomibia y algunas ciudades específicas llevan a ese pensamiento se expanda, a fuerza de una escandalosa manipulación por parte de los medios formadores de opinión. Lo cierto es que en la primera década del siglo 21, la tasa de homicidios aumentó en Latinoamérica. Ello ha generado una expansión, un auténtico boom de la seguridad privada. Para la ONU (Organización de las Naciones Unidas), el número total de guardias privados en esta región americana ya supera el millón de efectivos. Llegándose al caso extremo de Guatemala, donde el crimen parece incontenible, y existen 20.000 policías, pero 120.000 guardias. Pero como el tema es político, lógicamente que existe una amplia mayoría perjudicada, ante una minoría menos perjudicada. Es así que los sectores pobres son los que soportan las peores realidades. Justamente los sectores que no puden disponer de guardias privados... Porque son los adinerados, los acomodados, los ricos los que además de gozar –en general- de más seguridad por habitar en zonas más seguras, son los que pueden pagarse escoltas, alarmas, cámaras de seguridad, y de ser necesario, hasta moverse en automóviles blindados... Mientras que los pobres no puden acceder aello, y por otra, deben sorpotar las deficiencias de un Estado que se desentiende de sus problemas. Por otra, por una cuestión entendible, deben habitar en los lugares más peligrosos. Vaya paradoja: donde se necesita con más urgencia la protección. La violencia social institucionalizada solo se combate con políticas. Ellas deben ser sociales, culturales, de justicia independiente, educativas, penitenciarias, de control de armas, rehabilitaciones, deportivas, laborales... y también de seguridad. Pretender una ‘solución’ desde “la seguridad”, es totalmente erróneo y sin resultados efectivos, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Pero dentro de este esquema de soluciones, se debe tomar al narcotráfrico como un problema de estado. Que es una herramienta de dominación mundial, que carcome las sociedades y extrae recursos hacia el exterior. Donde se necesitan cuerpos policiales entrenados y bien equipados, pero protegiéndolos de las bandas narcos y mafiosas, que se infiltran y corrompen. Parar todo lo cual se necesita pura y exclusivamente un Estado presente y con fortaleza (no un Estado de fuerza). Cuando no existe seguridad, el ciudadano se queja de un mal Estado; protesta contra la justicia, los políticos y las fuerzas de seguridad. Y los medios aprovechan para endilgarle la responsabilidad a la clase dirigente y a un Estado inepto. Lo atacan para debilitarlo aún más, con la pretendida excusa (falsa) de buscar achicarlo, para que los privados (la seguridad privada, por ejemplol) se haga cargo de las tareas “que el Estado no sabe hacer”. Pero lo que en verdad se busca es hacer creer que el Estado es inpeto e ineficaz, en otros ordenes. En lo jurídico, lo político, lo económico y financiero. Para tener un Estado chico, débil y maleable. Para que los privados avancen, ocupen espacios y hagan sus grandes negocios (y negociados).
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